La sostenibilidad en el sector agrícola es una obligación que abarca toda la cadena de valor. Con la entrada en vigor de normativas como el Real Decreto 1055/2022 de Envases y Residuos de Envases, la responsabilidad sobre el final de la vida útil de un envase se ha definido con total claridad.

En este contexto, la figura del SCRAP, o Sistema Colectivo de Responsabilidad Ampliada del Productor, es la herramienta para que las empresas cumplan con sus obligaciones de forma eficiente y segura.

¿Quién debe formar parte de un SCRAP?

La normativa es precisa e identifica como sujeto obligado a cualquier empresa que actúe como «envasador» o «productor de producto». Esto significa que la responsabilidad recae sobre toda entidad que ponga por primera vez en el mercado español un producto envasado de uso agrario.

El espectro es amplio y va mucho más allá del fabricante de fitosanitarios o fertilizantes. Abarca también a importadores, distribuidores que comercializan productos con su propia marca, o incluso empresas que envasan semillas o sustratos.

Si su actividad profesional introduce un envase en el circuito comercial agrícola, la ley le interpela directamente.

El papel de un SCRAP agrícola.

Un SCRAP agrícola es, en esencia, una entidad sin ánimo de lucro que gestiona de forma colectiva las obligaciones legales de sus empresas adheridas. En lugar de que cada compañía deba crear su propio sistema de recogida y reciclaje (una tarea logísticamente compleja y económicamente inviable), el SCRAP organiza y financia una red de gestión a nivel nacional.

Las empresas fabricantes, importadores y distribuidores, delegan en esta entidad experta la responsabilidad de asegurar que los envases, una vez utilizados por el agricultor, sean recogidos y tratados correctamente para su reciclaje o valorización. Esto garantiza un modelo de economía circular eficaz y adaptado a las particularidades del campo.

El proceso de adhesión a un SCRAP agrícola.

Integrarse en un SCRAP agrícola, como por ejemplo AEVAE o Sigfito, es un procedimiento reglado y transparente. El primer paso para una empresa es contactar con el sistema colectivo que mejor se alinee con el tipo de envases que comercializa.

Tras el contacto inicial, la relación se formaliza mediante la firma de un contrato de adhesión. Este documento establece los derechos y obligaciones de ambas partes.

Una vez formalizada la adhesión, la empresa adquiere dos compromisos principales. El primero es realizar declaraciones periódicas detallando el peso y el material de los envases que ha puesto en el mercado durante ese período. Esta información es la base sobre la que se articula todo el sistema.

El segundo compromiso es el abono de una cuota económica, calculada en función de esas declaraciones. Esta aportación, comúnmente asociada al «Punto Verde» en otros sectores, es la que financia toda la operativa de recogida, transporte y tratamiento de los residuos de envases agrícolas a nivel nacional.

Cumplir con este proceso no es solo una obligación legal; es una declaración de principios. Formar parte de un SCRAP asegura la conformidad con una legislación cada vez más exigente, evita posibles y cuantiosas sanciones, y posiciona a la empresa como un actor responsable y comprometido con el futuro sostenible del sector agrario.